La situación de las estaciones de bombeo y la contaminación de los subembalses de Encarnación volvió a ocupar el centro de la discusión pública en 2026.

Para Keiji Ishibashi, sin embargo, el reclamo por el Poti’y, el saneamiento y la infraestructura hídrica comenzó prácticamente desde el inicio de su periodo legislativo.

Ya en 2021, Ishibashi planteó la necesidad de una articulación interinstitucional para la conservación del Poti’y y la protección de los cursos de agua. Durante ese mismo periodo presentó intervenciones relacionadas con efluentes cloacales y contaminación, solicitando la participación de distintas dependencias e instituciones responsables. En 2022, la problemática continuó dentro de su agenda, incluyendo discusiones sobre conservación, saneamiento y protección ambiental.

El trabajo avanzó paralelamente al esfuerzo ciudadano desarrollado por la Coordinadora por la Defensa del Poti’y, liderada por el abogado Pablo Villalba. La Coordinadora y las acciones institucionales impulsadas desde distintos espacios tuvieron recorridos propios, pero confluyeron sobre un mismo objetivo: proteger el Poti’y y exigir respuestas frente al deterioro ambiental.

La Coordinadora tuvo un papel fundamental en la construcción del reclamo ciudadano que posteriormente desembocó en una acción judicial. El amparo fue promovido a través de la Municipalidad de Encarnación, con el impulso de la Coordinadora y la representación jurídica de Pablo Villalba.

La acción permitió avanzar hacia una revisión sistemática de las 63 estaciones de bombeo vinculadas al sistema cloacal. Ishibashi participó del proceso como testigo y acompañó el relevamiento de las estaciones, trasladando al terreno una preocupación que había sostenido durante años. Las verificaciones mostraron una situación crítica y reforzaron el reclamo de mantenimiento y reparación integral.

Las estaciones de bombeo cumplen una función fundamental: impedir que efluentes cloacales terminen en subembalses y cursos de agua. Cuando una estación deja de funcionar correctamente, el problema no desaparece. Puede terminar trasladándose directamente al agua.

La discusión sobre las estaciones tiene además una dimensión histórica. La transformación producida por Yacyretá obligó a miles de familias encarnacenas a dejar sus casas, barrios, vecinos y trabajos. Por eso, mantener en funcionamiento la infraestructura construida como parte de aquella transformación también significa responder a ese sacrificio colectivo.

Las obras tienen que honrar el sacrificio de toda una ciudad.

El reclamo actual por las estaciones de bombeo forma parte así de una historia mucho más larga: desde las primeras intervenciones sobre el Poti’y en 2021, el trabajo sobre contaminación y saneamiento, la acción sostenida de la Coordinadora por la Defensa del Poti’y, el liderazgo de Pablo Villalba, el amparo constitucional y finalmente la revisión de las 63 estaciones.

La discusión ahora es concreta: conocer qué funciona, reparar lo que está fallando y garantizar que la infraestructura cumpla la función para la que fue construida.